EEL SALVADOR Y LOS DESASTRES NATURALES.
Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. De acuerdo al PNUD, cerca del 75 por ciento de la población mundial vive en zonas que han sido azotadas, al menos una vez entre 1980 y 2000, por un terremoto, un ciclón, una inundación o una sequía. En Centroamérica, según la CEPAL, los daños económicos causados por desastres naturales desde 1972 representan un promedio anual del 2 por ciento del PIB centroamericano. Estas cifras confirman: (1) las consecuencias que tiene para el desarrollo humano una exposición tan alta a amenazas naturales; y (2) la conveniencia de incorporar el riesgo en el nivel nacional, municipal y comunitario.
Estudios indican que el territorio salvadoreño recibe en promedio 38,283 millones de metros cúbicos de aguas lluvias al año, tiene 360 ríos agrupados en diez cuencas hidrográficas y los porcentajes de contaminación de ríos alcanzan un 90 por ciento. Respecto al suelo, más del 50 por ciento del territorio cuzcatleco se usa de manera inapropiada y las tasas anuales de erosión equivalen a 59 millones de toneladas de suelo. En tanto, la vulnerabilidad ambiental se refleja en que el 9.3 por ciento del territorio está expuesto a inundaciones severas y moderadas; 19.2 por ciento a diversos tipos de deslizamientos; y arriba del 45 por ciento es afectado por sequías de forma severa, moderada o débil.
Como consecuencia de los desastres provocados por fenómenos naturales, los territorios con menor desarrollo humano son los que concentran los mayores daños y pérdidas. En El Salvador, las comunidades y familias más pobres –rurales y urbanas- son las que más sufrieron en los terremotos de 1986 y 2001, y las tormentas tropicales de Mitch y Stan. El descuido del interior del país, la migración campo-ciudad y la desordenada expansión urbana han incrementado los asentamientos precarios en el Área Metropolitana de San Salvador, confirmándose así la interacción entre el desarrollo socioeconómico y el riesgo de desastres.
Dada la vulnerabilidad y la frecuencia con la que El Salvador experimenta desastres naturales (terremotos cada 12 años en promedio, inundaciones en casi todos los últimos inviernos y sequías moderadas de manera cíclica), la gestión de riesgo debería estar en la agenda de los tomadores de decisión y ser “carta de presentación” ante la comunidad internacional. Para que ello suceda, son necesarios tres pasos: (1) preparar y difundir información sobre el riesgo de desastres; (2) dar a conocer medidas y acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad; y (3) promover la voluntad política para incorporar la gestión de riesgo (prevención, mitigación y reacción de emergencia) en instituciones y sectores público y privado.
En El Salvador hay avances y tareas pendientes. La creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Sistema Nacional de Estudios Territoriales (SNET); Ley de Medio Ambiente, de Áreas Naturales Protegidas y del Sistema de Protección Civil; Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial; e iniciativas locales de manejo de microcuencas, son pasos positivos. Lo que hace falta es armonizar y orientar estas energías y recursos hacia resultados específicos e impactos duraderos.
La Estrategia de Desarrollo de la Zona Norte (EDZN) es una oportunidad para avanzar en esa dirección. ¿Por qué? Debido a las cuantiosas inversiones que están gestionándose en la principal cuenca hidrográfica del país (río Lempa), fuente estratégica de energía, agua y alimentos. Una de esas inversiones podría superar los 300 millones de dólares provenientes sólo de la Cuenta del Milenio/USA. El programa Red Solidaria también tiene previstas acciones en alrededor de 40 municipios de la zona norte. Asimismo, los 92 municipios que comprenden la EDZN, cuyos recursos FODES suman cerca de 40 millones anuales, invertirán más de 400 millones de dólares en diez años.
Si a lo anterior se le añade los más de mil millones de dólares de las presas hidroeléctricas (El Tigre, Cimarón y otras), tenemos que habrán muchas obras de infraestructura en la zona más pobre, más deprimida económicamente y con mayor deterioro ecológico del país. Las preguntas clave son: ¿Se está integrando la gestión de riesgo de desastres naturales en la planificación del desarrollo de la zona norte?. ¿Se están formando recursos humanos locales y mejorando la capacidad de gestión de riesgo en las comunidades y municipalidades de la zona norte de El Salvador?
Estudios indican que el territorio salvadoreño recibe en promedio 38,283 millones de metros cúbicos de aguas lluvias al año, tiene 360 ríos agrupados en diez cuencas hidrográficas y los porcentajes de contaminación de ríos alcanzan un 90 por ciento. Respecto al suelo, más del 50 por ciento del territorio cuzcatleco se usa de manera inapropiada y las tasas anuales de erosión equivalen a 59 millones de toneladas de suelo. En tanto, la vulnerabilidad ambiental se refleja en que el 9.3 por ciento del territorio está expuesto a inundaciones severas y moderadas; 19.2 por ciento a diversos tipos de deslizamientos; y arriba del 45 por ciento es afectado por sequías de forma severa, moderada o débil.
Como consecuencia de los desastres provocados por fenómenos naturales, los territorios con menor desarrollo humano son los que concentran los mayores daños y pérdidas. En El Salvador, las comunidades y familias más pobres –rurales y urbanas- son las que más sufrieron en los terremotos de 1986 y 2001, y las tormentas tropicales de Mitch y Stan. El descuido del interior del país, la migración campo-ciudad y la desordenada expansión urbana han incrementado los asentamientos precarios en el Área Metropolitana de San Salvador, confirmándose así la interacción entre el desarrollo socioeconómico y el riesgo de desastres.
Dada la vulnerabilidad y la frecuencia con la que El Salvador experimenta desastres naturales (terremotos cada 12 años en promedio, inundaciones en casi todos los últimos inviernos y sequías moderadas de manera cíclica), la gestión de riesgo debería estar en la agenda de los tomadores de decisión y ser “carta de presentación” ante la comunidad internacional. Para que ello suceda, son necesarios tres pasos: (1) preparar y difundir información sobre el riesgo de desastres; (2) dar a conocer medidas y acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad; y (3) promover la voluntad política para incorporar la gestión de riesgo (prevención, mitigación y reacción de emergencia) en instituciones y sectores público y privado.
En El Salvador hay avances y tareas pendientes. La creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Sistema Nacional de Estudios Territoriales (SNET); Ley de Medio Ambiente, de Áreas Naturales Protegidas y del Sistema de Protección Civil; Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial; e iniciativas locales de manejo de microcuencas, son pasos positivos. Lo que hace falta es armonizar y orientar estas energías y recursos hacia resultados específicos e impactos duraderos.
La Estrategia de Desarrollo de la Zona Norte (EDZN) es una oportunidad para avanzar en esa dirección. ¿Por qué? Debido a las cuantiosas inversiones que están gestionándose en la principal cuenca hidrográfica del país (río Lempa), fuente estratégica de energía, agua y alimentos. Una de esas inversiones podría superar los 300 millones de dólares provenientes sólo de la Cuenta del Milenio/USA. El programa Red Solidaria también tiene previstas acciones en alrededor de 40 municipios de la zona norte. Asimismo, los 92 municipios que comprenden la EDZN, cuyos recursos FODES suman cerca de 40 millones anuales, invertirán más de 400 millones de dólares en diez años.
Si a lo anterior se le añade los más de mil millones de dólares de las presas hidroeléctricas (El Tigre, Cimarón y otras), tenemos que habrán muchas obras de infraestructura en la zona más pobre, más deprimida económicamente y con mayor deterioro ecológico del país. Las preguntas clave son: ¿Se está integrando la gestión de riesgo de desastres naturales en la planificación del desarrollo de la zona norte?. ¿Se están formando recursos humanos locales y mejorando la capacidad de gestión de riesgo en las comunidades y municipalidades de la zona norte de El Salvador?
¿Desastres naturales o falta de previsión?
“El Acelhuate, salido de madre, había tomado las dimensiones de un río caudaloso y la rapidez de un torrente. Arrastrando un sin número de arbustos, matorrales, destrozos de toda clase y una cantidad prodigiosa de tierra y arena, cambió en un instante en tristes y desoladoras playas las riveras antes animadas y risueñas, comprendidas entre los barrios de la Vega y de Candelaria; las casas y las huertas sembradas a la orilla del río antes tan quieto, fueron en un instante arrebatadas por la inundación.” Así informaba “La Gaceta del Salvador” del 25 de octubre de 1852 sobre los estragos causados por un “temporal” que golpeó al país ese año. Testimonios como este abundan en nuestra historia, desde la época colonial al presente. A la lluvia hay que agregar los terremotos y las erupciones volcánicas, comenzando con la del volcán de Ilopango, alrededor del año 260 DC.
Es decir, las condiciones naturales de nuestro territorio lo hacen propenso a sufrir los efectos de los fenómenos naturales. Pero al parecer, la naturaleza es justa; esos rasgos negativos con compensados con creces por la bondad del clima, la abundancia del agua y la fertilidad de la tierra, debida en buena parte a los fenómenos volcánicos. Estas ventajas explican el precoz poblamiento y la alta densidad poblacional de este territorio.
Lo increíble es que quienes han habitado este territorio a lo largo de los siglos, y sobre todo en los dos últimos, no hayan aprendido nada o casi nada de su experiencia con los fenómenos naturales. Por ejemplo, San Salvador ha sido construida a la vera de un volcán activo, cuyas erupciones ya la han destruido. En lugar de respetarlo y alejarnos del coloso, construimos cada vez más alto en sus faldas, talamos sus bosques y minamos sus bases. Luego lamentamos las muertes y la destrucción que sufrimos.
En 1854 San Salvador fue destruida por un terremoto, razón por la cual la capital se trasladó a Cojutepeque. Al mismo tiempo se decidió buscar un lugar menos peligroso para construir la nueva capital. Aunque hubo otras propuestas, al final se escogió el llano de la Hacienda Santa Tecla, a solo 13 kilómetros de la antigua ciudad y tan cerca del volcán como aquella. Ese volcán destruyó buena parte de San Salvador en 1917, pero no nos ha importado. Hace un par de años, el geógrafo francés, Jérome Monnet, dio una conferencia en la Universidad de El Salvador; entonces le pregunté cómo se imaginaba la ciudad de San Salvador en veinte años; sin dudarlo contestó “Una gran ciudad con un volcán en medio”. A los ojos del geógrafo, la gran ciudad sería la conjunción de San Salvador, Santa Tecla, Mexicanos, Apopa, Quezaltepeque y Colón. Yo pensé: será así, si el volcán no erupciona antes.
Hace poco leí en un periódico que un equipo de geólogos, después de serios estudios, había concluido que San Salvador no debería estar dónde está; además afirmaron que la mejor zona para emplazar una ciudad como esta es en las llanuras del norte. ¡Fantástico! No quiero quitar méritos a la ciencia del siglo XXI, pero nuestros indígenas no solo lo entendieron, actuaron en consecuencia. Allí tenemos la ciudad de Sihuatán, que fue el centro poblacional y de poder más importante hacia los años 900 y 1200 dC.
Cualquiera que haya visitado ese sitio se habrá dado cuenta de las ventajas de ese emplazamiento: terrenos planos y fértiles, dos ríos cercanos, el Lempa y el Acelhuate, nacimientos de agua en elevación, etc. Pero, eso fue en tiempos precolombinos; desde la colonia a la actualidad, se ha insistido en mantener a la capital en el mismo sitio. Y no solo eso, la descontrolada emigración y la construcción que la acompaña, vuelve cada vez más vulnerable a nuestra capital.
Si se hiciera la cuenta de las víctimas y las pérdidas económicas causadas por los huracanes de la últimas décadas (Fifi, Match, Stan e Ida), y además agregamos los terremotos de 1986 y 2001, la cifra asustaría a cualquiera. Cada uno de esos eventos ha exigido una inversión cuantiosa en reconstrucción, léase bien, reconstrucción. Es decir, recuperar lo que ya se tenía. Nada más.
De nada sirve que sepamos que cada cierto tiempo enfrentaremos copiosas lluvias, o que cada veinte años corremos el riesgo de un gran terremoto. Simplemente reaccionamos a la tragedia, y nos auto confortamos, haciendo llamados a la solidaridad, al estoicismo, y todas esas ideas que nos hacen creer que los salvadoreños no nos rendimos ante nada y que siempre saldremos adelante. Puede que sea así, pero igualmente es cierto y la historia lo demuestra; tampoco aprendemos de la experiencia.
Basta ver en una imagen satelital los patrones de poblamiento de El Salvador, especialmente en la región metropolitana. No hay un mínimo de orden y la responsabilidad brilla por su ausencia. Cualquier espacio susceptible de ser habitado o construido ha sido alterado y usado sin que haya una autoridad que intervenga. Tan irresponsable y peligroso es que un pobre construya una vivienda a la rivera del Acelhuate o de una quebrada, como que un potentado construya una mansión en las colinas de Santa Tecla. Claro, el primero tiene la atenuante de la pobreza y la necesidad; el segundo, el agravante de la prepotencia y la impunidad.
Pero hay dos actores que tienen mucha más responsabilidad (o mejor dicho, han sido más irresponsables), el Estado salvadoreño y las elites dirigentes, del signo y color que sean. Hacia los pobres, no han habido políticas integrales de desarrollo, han habido políticas de sobre vivencia, simples paliativos. Nos hemos complacido con los discursos que alaban la capacidad de “rebusca” de los salvadoreños, esa que tan bien retrató Roque Dalton en sus poemas. Esa “rebusca” es solo reflejo de la incapacidad de las elites dirigentes para construir un país más justo y seguro. Cómo el Estado no ha sido capaz de proveer soluciones habitacionales, los pobres las han encontrado en las quebradas, paredones y cualquier espacio que parezca soportar cuatro horcones.
Hacia los ricos, no ha habido autoridad ni control, comenzando por el sistema tributario. A pesar de sus desgracias recurrentes, este país ha generado riqueza, quizá mucha más de la que podría esperarse de su tamaño. Mucha de esa riqueza ha sido posible, por la visión y la audacia de la clase empresarial; muy justo es que obtengan ganancia. Pero igualmente importante ha sido el esfuerzo de los trabajadores, y lo cierto es que estos no han recibido beneficios proporcionales a su aporte. Y no estoy pensando únicamente en salarios. Pienso en la redistribución de la riqueza que puede hacer el Estado, a través de los impuestos y las obras y los beneficios sociales que estos generan.
Pero igualmente el Estado salvadoreño ha sido irresponsable al no ordenar el desarrollo territorial del país. Y es claro que no se ha hecho, porque ese ordenamiento afectaría grandes intereses económicos. Seguramente que buena parte de los complejos habitaciones y comerciales que hoy existen, no se hubieran llevado a cabo (al menos no como están), si tuviéramos una ley de ordenamiento territorial y si las normativas ya existentes se aplicaran como debe ser. Ante la irresponsabilidad y la falta de previsión, no nos queda más que lamentarnos, llamar a la solidaridad, y volver a reconstruir.
En la mitología griega, Sísifo fue condenado por los dioses a subir una piedra hasta la cima de una alta montaña, apenas llegaba a la cúspide, la piedra rodaba y Sísifo debía empujarla de nuevo hacia arriba. Así por siempre. Albert Camus, en “El mito de Sísifo”, interpreta genialmente el mito desde una perspectiva existencialista, al decir, “no hay castigo más terrible, que el trabajo inútil y sin esperanza.” En El Salvador, siempre estamos reconstruyendo; y apenas ha pasado la crisis, un nuevo desastre nos obliga a comenzar de nuevo. Este país es devoto de Sísifo.
